El debate en torno a la instalación de casinos en Massachusetts ha provocado la llegada de un torrente de dólares que está siendo utilizado para cabildeos en Beacon Hill.

De acuerdo a los archivos de la oficina del secretario de Estado, la cantidad gastada por empresas, sindicatos y los grupos de presión que esperan influir en el debate de los casinos ha crecido desde algo más de $800,000 dólares en 2006 a más de $2 millones en 2009.

La inmensa mayoría de los dólares de cabildeo es gastada por los grupos que esperan conseguir un “pedazo del pastel” si los legisladores al final aprueban la propuesta de los casinos y juegos de apuestas.

La oleada de cabildeo viene desde diferentes partes de Estados Unidos en momentos que el Presidente de la Cámara de Representantes Robert DeLeo se prepara para someter un proyecto más renovado sobre la apertura de casinos y legalización de las máquinas de apuestas en ciertos lugares.

DeLeo, Demócrata por Winthrop, dijo que espera que los legisladores voten esta primavera sobre la pieza antes de empezar los debates sobre el presupuesto.

En el 2006, sólo 19 empresas y grupos de presión, unos a favor y otros en contra, se registraron con el Estado para contratar cabilderos que los representaran durante los debates sobre los casinos y juegos de apuestas.

En el 2009, ese número casi se duplica al llegar a 34. Entre ellas se incluyen Las Vegas Sands Corp. que gastó $112,500 en la contratación de cabilderos en Massachusetts el año pasado, y Harrah’s Operating Company Inc, que gastó $60,000 en cabildeos.

Harrah, también ubicado en Las Vegas, opera el conocido casino Caesars Palace entre otros lugares de entretenimiento en esa ciudad.

La compañía Sterling Suffolk Racecourse L.L.C., la cual opera el Suffolk Downs en East Boston, estuvo entre las firmas que más gastaron, con un total de $336,000 dólares en cabildeos en 2009.

DeLeo, cuyo distrito incluye un hipódromo y un canódromo, ha estado empujando por años para la legalización de máquinas de apuestas en estos lugares después que los votantes decidieron eliminar las carreras de caballos y perros en el Estado.

El Gobernador Deval Patrick también presentó una propuesta en el 2008 para la apertura de casinos en el Estado, pero fue rechazada en la Cámara de Representantes. La Presidenta del Senado, Therese Murray, ha dicho que ella apoya los casinos como una manera de traer más trabajos y dinero al Estado.

De acuerdo a lo que ha trascendido, algunos dólares de los cabilderos contratados en el pasado terminaron en las cuentas de campaña de algunos legisladores de alto rango.

El año pasado, estos cabilderos contribuyeron con cerca de 8,000 dólares a la campaña de Robert DeLeo; $8,100 al Vice Gobernador Tim Murray; $7,800 a Therese Murray y $4,900 al Gobernador Deval Patrick.

Ayudantes de Patrick dijeron que el Gobernador ordenó la devolución del dinero cuando se enteró que las contribuciones procedían de los cabilderos de los casinos.

El V Campeonato de España de Poker llega al Casino de Barcelona, donde se va a disputar la segunda etapa del 3 al 7 de marzo. Se trata del circuito de poker más importante a nivel nacional y reúne en cada fase a los mejores jugadores.

El torneo principal se celebrará el viernes y el sábado (5 y 6 de marzo) a partir de las 16.00 horas, mientras que la mesa final se disputará el domingo 7, a las 15.00 horas. Además, se han organizado satélites para clasificarse al maint event desde el miércoles hasta el viernes.

Un casino ilegal que organizaba de forma regular campeonatos de póquer en los que se jugaban importantes cantidades de dinero en una nave de un polígono industrial de Málaga ha sido desmantelado por agentes de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.

Se trata de la operación policial más importante desarrollada en la provincia en los últimos años contra el juego ilegal del póquer y se llevó a cabo este fin de semana tras tres meses de investigación, según ha informado este martes la administración andaluza.

La “Operación Casino 1″ empezó en noviembre tras la sospecha de que una nave del polígono industrial Alameda de la capital se podía estar utilizando como sede de un casino clandestino en el que se daban cita numerosas personas de entre 25 y 40 años.

En el momento de la intervención en el local se celebraban varias partidas simultáneas y en el interior del establecimiento se encontraban hasta 110 personas.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Málaga y como resultado de las mismas se han incautado más de 4.000 euros en metálico, 2.821 fichas de póquer, 12 mesas de juego y varios ordenadores personales.

La convocatoria se hacía vía internet, a través de las redes sociales, o telefónicamente y en ellas participaban jugadores de varias provincias.

Cada uno pagaba una cuota de 35 euros, de los que treinta eran para el campeonato y cinco para los gastos de inscripción, de manera que en una noche con unas cien personas se podían jugar hasta 3.500 euros, de los que 2.000 eran para el primer y segundo premio.

El número de personas que jugaban cada noche podía variar, así como la cantidad jugada, y la modalidad que se empleaba era el póquer descubierto, en el que los jugadores reciben dos cartas y el crupier pone otras cinco descubiertas sobre la mesa.

La delegación provincial del gobierno andaluz ha abierto ya varios expedientes sancionadores, según ha explicado este martes en rueda de prensa la delegada, María Gámez, quien ha recordado que en Andalucía el juego ilegal está prohibido, pero no se considera delito, por lo que las sanciones son de tipo administrativo.

En este caso, se trata de infracciones muy graves dentro de la ley andaluza del juego y las sanciones económicas oscilan entre los 30.000 y 300.000 euros para los responsables del establecimiento, mientras que para los jugadores las multas pueden llegar a los seiscientos euros.

Aunque no han concretado el número de sanciones impuestas, entre los multados están dos personas responsables de la asociación de póquer y el arrendatario del local, además de participantes.

La “Operación Casino 1″ es la segunda de este tipo que se lleva a cabo en la provincia durante este año, ya que la semana pasada se desmanteló otra organización en Marbella, aunque inferior en cuanto al número de personas.

La delegada provincial ha señalado que no se trata de una actividad generalizada en la Costa del Sol, a pesar del gran número de personas que participaban en las partidas, y ha añadido que desde la Policía se lleva a cabo una labor de vigilancia e inspección con el fin de erradicar el juego clandestino en toda la provincia.

Los sindicatos UGT, CCOO y USO y el Comité de Empresa del Casino de Mallorca defendieron hoy el traslado de esta infraestructura, ubicada en Calvià, al Centro Comercial Porto Pí de Palma, ya que los estudios que la empresa ha realizado prevén “un incremento de la plantilla en un 25 por ciento”, mientras que los seis millones de euros que se invertirán “supondrá un incentivo para otros sectores económicos”.

En un comunicado, apoyaron la resolución dictada el pasado 23 de diciembre de 2009 por la Dirección General de Interior del Govern, mediante la cual se autoriza el traslado del casino, debido a que, a juicio de los citados sindicatos, es “imposible” mantener los 140 empleos fijos actuales y los 10 trabajadores de contratas de seguridad y limpieza con la actual localización de esta infraestructura en Calvià, donde ha ido “perdiendo ingresos en los últimos años”.

Así, indicaron que esta tendencia se ha ido “agudizando todavía más con la actual crisis económica”, teniendo en cuenta que en los últimos años los ingresos de los casinos de Baleares “han descendido un 18 por ciento”, ya que mientras en el año 2000 había en las islas 6.093 máquinas recreativas de tipo B y 101 salones de juego, esta cifra ha aumentado a 7.199 máquinas B y 154 salones en 2008.

“Si nuestra empresa Casino de Mallorca no toma medidas urgentes, será la crónica de una muerte anunciada con las consecuencias nefastas para los trabajadores y sus familias, así como para el valor añadido que representa esta infraestructura de cara al turismo en la isla”, advirtieron UGT, CCOO y USO.

Por ello, destacaron las “importantes ventajas” del traslado del casino al centro comercial Porto Pí, en Palma, debido a que se encuentra al final del Paseo Marítimo, que es la “zona principal de ocio de la ciudad, debido a que se encuentra situada a muy pocos metros de los mejores hoteles, que tienen los mayores niveles de ocupación en temporada media y baja y a los que acuden hombres y mujeres de negocios”.

Asimismo, resaltó que Porto Pí es un sitio “visible”, mientras que su ubicación y las comunicaciones son “adecuadas y fáciles”, por lo que, en su opinión, el turismo y las personas de negocios podrán “visualizar y visitar con mucha más facilidad y accesibilidad que en estos momentos”.

Por otro lado, remarcó que el traslado del casino tendrá también “ventajas importantes” para la sociedad mallorquina, debido a que el incremento de la actividad de esta instalación supondrá una “gran contribución económica a las arcas de la Comunidad Autónoma, dado que

el 61 por ciento de los ingresos brutos se dedican a impuestos”.

Los citados sindicatos y el Comité de Empresa recordaron que el traslado del Casino de Mallorca a Palma “no es casual”, ya que a nivel estatal la mayoría de casinos que comenzaron fuera de las ciudades “se han trasladado o están en trámites de hacerlo al interior de las mismas, si es que se quiere que estas empresas continúen abiertas y mantengan los puestos de trabajo”.

Por otra parte, criticaron que el “ruido que se está montando” perjudica, en su opinión, al Casino de Mallorca y, por tanto, “a sus trabajadores”, cuya opinión debe ser “la que más se tenga en cuenta”, ya que, según recordaron, son personas con sus familias, que “se están jugando sus salarios y empleos”. Así, censuró a aquellos colectivos que están “protestando” por el cambio de ubicación, a los que acusó de “pretender presionar al Govern de cara a la futura Ley del Juego Balear”.

En esta línea, UGT, CCOO y USO recordaron que la experiencia de los casinos de Barcelona o Zaragoza “nos dice que no provocó en su día cierres de bingos o salones, ni pérdida alguna de empleo en estas ciudades”, mientras que el actual traslado de Alicante y Valencia “no ha provocado controversia alguna”.

LA OPOSICIÓN AL TRASLADO

Precisamente, las Asociaciones del Juego en Baleares, Acomam, Asba, Aesbi y Sareiba, presentaron el pasado 22 de enero ante la Dirección General de Interior un recurso potestativo de reposición en contra de su resolución dictada el pasado 23 de diciembre de 2009, que autorizaba el traslado del Casino de Mallorca a Palma.

Así, estas asociaciones, que representan a los salones del juego, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, defienden la paralización del traslado hasta que el Parlament apruebe una ley autonómica reguladora del juego, mientras que, por otro lado, critican que no se ha convocado un concurso público para la gestión del casino en Porto Pí.

El adjunto a la presidencia de la Asociación de Empresarios de Salones Recreativos de Baleares (Sareiba), Miquel Àngel Riera, ya ha advertido de que las arcas de Baleares dejarán de ingresar más de 21 millones de euros tributados por las salas de juego, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, en caso de que se traslade el casino

Riera recuerda que los citados sectores del juego recaudan anualmente el 90 por ciento de los impuestos que paga el juego privado en Baleares (53 millones de euros), por lo que si se traslada el Casino de Calvià a Palma, “esta aportación a las arcas de la Comunidad Autónoma se limitará a entre 32 y 35 millones de euros”.

Asimismo, señala que esta decisión puede suponer la pérdida de entre 400 y 500 empleos de los 2.000 existentes en el sector del juego, al tiempo que también podría provocar el cierre de la mitad de los siete bingos existentes en Palma y de 20 o 25 salones recreativos de los 60 actualmente operativos en la capital balear.

Por su parte, la Asociación de Comercios Turísticos de Mallorca (Acotur) también se opone al traslado por las “graves pérdidas económicas” que tendrá para Calvià, donde, según advierte, se verá afectada la oferta complementaria, sobre todo, el sector del taxi.

Mientras, la Conselleria de Interior defiende su decisión de autorizar el traslado a Palma, ya que contó con los “informes técnicos y jurídicos favorables”, si bien se ha comprometido a estudiar el citado recurso potestativo de reposición.

La principal empresa operadora de casinos, Enjoy, firmó un acuerdo de compra del Gran Casino Santiago que comprende la adquisición de un 70 por ciento de participación y la toma de control de la sociedad Salguero Hotels Chile, adjudicataria de un permiso de operación que rige por 15 años que vence en 2024.

El proyecto contempla un plan de desarrollo que tendrá como objetivo convertirse en uno de los principales recintos de Enjoy. Para ello incluirá un casino con 1.200 máquinas tragamonedas, 40 mesas de juego, un hotel de cinco estrellas con 120 habitaciones, tres restaurantes, spa y gimnasio entre otras instalaciones.

La inversión total del proyecto se calcula en unos 130 millones de dólares, considerando, que éste tiene un gran potencial de crecimiento y desarrollo debido principalmente a las más de 70 hectáreas que tiene el terreno.

Esta adquisición, ubicada en la comuna de Rinconada de Los Andes, se suma a los casinos que tiene Enjoy en Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Pucón y Puerto Varas, además de la que mantiene en Mendoza.

La Ley 1.016, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, genera un grave desequilibrio entre el funcionamiento de los grandes casinos y los juegos electrónicos que proliferan en gran cantidad en las distintas ciudades del país.

Estos pequeños locales dedicados al juego de azar subsisten ante el amparo de la propia ley, que en sus artículos 22, 23 y 27 faculta a las municipalidades del país a habilitar este tipo de juegos.

La existencia de este tipo de locales representa un gran perjuicio para las grandes firmas que deben participar en licitaciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), pagar importantes sumas al fisco y cumplir con una serie de exigencias legales.

La industria del juego ha conocido de un crecimiento desmesurado en los últimos años en el Paraguay, específicamente con la aparición de locales de casinos electrónicos, que en algunas ocasiones hasta funcionan al margen de la ley.

Si bien existe un organismo estatal encargado de regular esta actividad, que es la Conajzar, la propia Ley 1.016 concede a los municipios la facultad de autorizar la explotación de los juegos electrónicos, siempre y cuando se adecúen a la normativa legal, en tanto que, para los juegos de naipes, se requiere necesariamente de la concesión otorgada por la Conajzar.

Sin embargo, a pesar de que los juegos de naipes son concedidos únicamente a los casinos legalmente constituidos, algunos locales de juegos electrónicos incorporaron la modalidad denominada Texas Hold Em Poker, que básicamente es un juego de mesa, dedicados al juego de naipes.

Varios locales electrónicos solicitaron la autorización municipal e instalaron esta modalidad en forma directa, que básicamente es un juego de mesa y no electrónico.

Los representantes de estas casas de juegos electrónicos aseguran que el Texas Hold Em Poker es un deporte, más que un juego de azar.

Como este sistema, existen otros muy similares a los juegos de casino.

De acuerdo a la normativa vigente, solo los casinos legalmente habilitados pueden hacer operar en sus instalaciones los juegos de mesa vivos.

La permisividad legal y el poco control efectuado, especialmente por los municipios, generan esta grave situación que beneficia a algunos y perjudica a otros.

La inacción de las autoridades, sumada al vacío legal, favorece la explotación irregular de este juego de naipes, que no es precisamente electrónico, en locales no habilitados para ello.

En los últimos años, los juegos de azar fueron cambiando de modalidad, convirtiéndolos también en electrónicos. Esta situación no es considerada por la ley y la misma genera este tipo de desajuste, por lo se hace necesario una revisión de la ley.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado el visto bueno a varios proyectos para remitirlos al Ministerio de Política Territorial con el objetivo de sufragarlos con cargo al segundo Plan E. Entre ellos destaca el relativo a los ‘opinómetros’, un nuevo elemento de participación ciudadana que el equipo de Gobierno desea poner en marcha para recoger el parecer de los ciudadanos sobre determinados temas.
El presupuesto al que asciende el proyecto es de 180.000 euros y permitirá la instalación de diez equipos informáticos en diferentes puntos de la ciudad que servirán para pulsar la opinión ciudadana y ser tenida en cuenta por el equipo de Gobierno, según indicó ayer su portavoz, Francisco Cañizares, durante la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.
Otros de los proyectos destacados a los que dieron el visto bueno el pasado miércoles fue el de rehabilitación de las dependencias del antiguo casino de la capital, concretamente del sótano, donde se habían detectado unos problemas. El importe al que asciende es de 400.000 euros.
El equipo de Gobierno también aprobó la actuación para la reforma de redes de agua potable en el barrio de El Pilar, concretamente en las calles Virgen de la Estrella y Alamillo, un proyecto que está cuantificado en casi 125.000 euros.
Por último, también se remitió al Ministerio una memoria en la que se detalla el servicio de ‘Comida sobre ruedas’ que desea llevar a cabo el Ayuntamiento y que pretende financiar con el dinero que el segundo Plan E permite destinar a gasto corriente relacionado con Bienestar Social o Educación. El importe en el que ha cifrado el Ayuntamiento este servicio es de 127.780 euros y con él pretende llevar comida a los colectivos que más la necesita, bien porque no pueden realizarla o porque tienen problemas de alimentación.

respuesta a la flave. Francisco Cañizares respondió también, a preguntas de los periodistas, a la petición de rectificación que le realizó la semana pasada la Federación de Vecinos Alfonso X ‘El Sabio’ (Flave) por las declaraciones vertidas por Cañizares a raíz de una carta de la Flave en las que criticaban el funcionamiento de los centros sociales.
A este respecto, el edil afirmó que desconocía respecto a qué tenía que rectificar, ya que explicó que sus declaraciones sobre el aumento de la partida económica a la Flave el año pasado, mientras que bajaron todas la demás, eran ciertas y, por tanto, no podía rectificarlas. De igual modo se pronunció respecto a sus palabras acerca de la concesión del alquiler de un local para la federación de vecinos a través de esas partidas, mientras que desde ésta expresaron sus quejas porque no podían disponer de los centros sociales debido a que el horario de cierre es a las 19.00 horas y muchos de ellos terminan de trabajar a las 20.00 horas.
Cañizares añadió que consideraba que tampoco debía rectificar por haber dicho que los dirigentes de la Flave eran significados miembros del Partido Socialista y explicó que ello muestra que «el Ayuntamiento de Ciudad Real no tiene ningún nivel de sectarismo porque a sabiendas de eso le ha dado más dinero y un local donde trabajar».
Añadió que la federación de vecinos tiene unas responsabilidades, al igual que las tiene el equipo de Gobierno, y que «no es lógico plantear que le den una sede a tiempo completo y luego quejarse porque los centros sociales abren una hora más o una hora menos». El edil afirmó que la Flave «está arrastrando desde hace tiempo una dependencia excesiva de planteamientos que le son ajenos y le vienen marcados de fuera» y que una prueba de ello fue «la desconcertante» actuación que tuvo con respecto a la ordenanza de Movilidad, a la que votó a favor en comisión, pero lideró posteriormente una protesta contra ella.
Por ello, comentó que se deberían aplicar «la responsabilidad y la coherencia» y reconoció que era una «crítica constructiva» por parte del equipo de Gobierno hacia la Flave, ya que disponen de «más recursos que nunca, más dependencias que nunca y, sin embargo, su participación en los temas de la ciudad es más deficiente que nunca».

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, reveló que existen por lo menos 3 o 4 casinos clandestinos más que serán “reventados” en los próximos días.

Al tiempo en que negó que con éstos se esté violando alguna garantía individual o ley, El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, reveló que existen por lo menos 3 o 4 casinos clandestinos más que serán “reventados” en los próximos días.

Luego de que hasta el momento el municipio llevara a cabo exitosamente tres operativos en el que se detectaron y clausuraron 2 casinos clandestinos y un estacionamiento Motel, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza señaló que estos operativos continuarán, e incluso ya se tienen localizados otros establecimientos similares que podrían ser clausurados los próximos días.

“Se va a combatir frontalmente en la medida en que estemos enterados”, señaló Fernández Garza.

“Aparentemente sí hay varios, los estamos checando, porque no me quiero ir, creo que hay tres cuatro más, pero estamos checando la información y si se corrobora, pues les voy a pegar, no son muchos, pero no es tanto la cantidad, sino que vean en ese y en otros operativos que vamos a poner en orden, es un poco lo que estaba anunciando, cumpliendo con lo que dije en campaña”, agregó.

El alcalde de San Pedro negó que se estuviera violando alguna garantía individual o alguna ley con estos operativos, ya que se trataban de negocios, y son sujetos a las revisiones del municipio, en tanto atribuyó las críticas que han hecho algunos organismos a estos operativos a la “desinformación”.

“Bueno, yo creo que está desinformada la persona que hizo ese comentario, era un lugar que tenía permiso de venta de alcohol y de restaurante y entonces no era una propiedad privada, era como cualquier otro establecimiento que vende bebidas y es sujeto a ser revisado.

Yo creo que quien hizo ese comentario se lo aventó en primera como dicen”, dijo. Fernández Garza señaló que el problema en el municipio no es tan grande, por lo que podría ser resuelto en corto plazo.

Respecto a las atribuciones federales sobre los juegos y sorteos, el alcalde de San Pedro señaló que los operativos se llevan a cabo en coordinación con las autoridades federales, a quienes se remitieron los casos.

Las arcas de Baleares dejarán de ingresar más de 21 millones de euros tributados por las salas de juego, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, en caso de que se traslade el Casino de Mallorca (Calvià) al centro comercial Porto Pí, en Palma, según advirtió hoy el adjunto a la presidencia de la Asociación de Empresarios de Salones Recreativos de Baleares (Sareiba), Miquel Àngel Riera.

En declaraciones a Europa Press, Riera recordó que los citados sectores del juego recaudan anualmente el 90 por ciento de los impuestos que paga el juego privado en Baleares (53 millones de euros), por lo que si se traslada el Casino de Calvià a Palma, “esta aportación a las arcas de la Comunidad Autónoma se limitará a entre 32 y 35 millones de euros”.

Asimismo, Riera señaló que esta decisión puede suponer la pérdida de entre 400 y 500 empleos de los 2.000 existentes en el sector del juego, al tiempo que también podría provocar el cierre de la mitad de los siete bingos existentes en Palma y de 20 o 25 salones recreativos de los 60 actualmente operativos en la capital balear.

Ante tal situación, anunció que las Asociaciones del sector del Juego en Baleares, Acomam, Asba, Aesbi y Sareiba, presentarán un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en caso de que la Dirección General de Interior no deje sin efectos la resolución que aprobó el pasado 23 de diciembre de 2009, por la que se autoriza el traslado del Casino de Mallorca al Centro Comercial Porto Pí.

Así, las citadas entidades, que representan a los salones de juego recreativos, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, consideran que esta resolución es “nula de pleno derecho” y, por ello, anunciaron la presentación de un recurso de reposición ante la Dirección General de Interior que, en caso de rechazarse, será presentado como recurso contencioso-administrativo.

“NO EXISTE NECESIDAD TURÍSTICA”

“La Dirección General de Interior no ha sido consciente del impacto económico que supone el traslado del Casino de Mallorca”, remarcó Riera, a la vez que señaló que la resolución se aprobó sin tener en cuenta los informes preceptivos que solicitó a la Conselleria de Turismo y que revelan que “no existe necesidad turística de trasladar esta infraestructura”.

Así, consideró que este elemento puede ser “decisivo” para que el director general de Interior, Sebastià Amengual, “reconsidere” la citada resolución, teniendo en cuenta que el Casino de Mallorca “aún no ha gastado un euro” para llevar a cabo el traslado a Porto Pí, “donde podría comenzar a funcionar en 2011, tras obtener los permisos municipales y resolverse los recursos judiciales”.

“No se puede marginar de esta manera a la gran mayoría de las más de 300 empresas del sector del juego en beneficio del Casino de Mallorca, que es una sola empresa”, remarcaron las citadas asociaciones en un comunicado conjunto en el que recordaron que a lo largo del expediente del traslado del Casino de Mallorca, han alegado que esta decisión se debería haber llevado a cabo “en el marco de la convocatoria de un concurso público y, siempre, una vez aprobada la Ley del Juego, cuyo proyecto está a las puertas del Parlament”.

La recaudación de impuestos en el sector casinos y tragamonedas alcanzó su pico histórico en noviembre del 2009, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tras detallar que en dicho mes se superó los S/. 22 millones, sobrepasando los S/.12. 8 millones mensuales que se tributaron en promedio, lo que representa un crecimiento del 70%.

Durante el 2009 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) prevé recaudar un total de S/.163 millones en este rubro, lo que constituye una buena noticia, pues pese a la aguda crisis financiera se logró mantener casi sin variación el monto del 2008.

Como se sabe, la recaudación de impuestos a casinos se inició en diciembre de 2006, con un promedio de S/. 2 millones mensuales, que fue incrementándose a medida que el sector se fue regularizando hasta llegar al 95% de for